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Alivio para Lula, ahora un juez ordenó devolverle el pasaporte

07 Febrero 2018

Lula fue condenado de manera unánime la semana pasada por tres jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, en Porto Alegre, un caso que se enmarca en la Operación Lava Jato (Lavado de Autos), una decisión que podría marginarlo de la carrera presidencial de este año en Brasil. La medida fue revertida anteayer por un magistrado de segunda instancia, que ordenó que le fuera devuelto el documento y que se le permita viajar al exterior por ahora.

El juez federal Bruno Apolinário ha considerado así el "cuidado" que tuvo Lula en demostrar ante la Justicia que su salida del país estaba justificada por un compromiso profesional previsto desde hacía tiempo, que sería de corta duración y que tenía previsto volver en una fecha determinada. El letrado había impedido hace una semana que Lula viajara a Etiopía para participar de un encuentro de la FAO en la cumbre de la Unión Africana.

El decomiso del pasaporte de Lula fue determinado el pasado 25 de enero por el juez Ricardo Leite, uno de los magistrados de primera instancia de Brasilia que conduce la investigación sobre supuesta práctica de tráfico de influencia internacional por parte del ex presidente.

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Los jueces fueron unánimes al concluir que quedó comprobado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un departamento en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras.

Los últimos sondeos mostraron que los problemas judiciales de Lula da Silva no influyeron en sus aspiraciones a un tercer mandato: lidera las encuestas con entre el 34 y 37 por ciento de la intención de voto y vencería las elecciones ante cualquier candidato. No obstante, el futuro de las elecciones se definirá en la Justicia, que en los próximos meses decidirá si Lula puede ser candidato o si comienza a cumplir la pena de prisión, todo lo cual genera una incertidumbre que, según analistas, hasta afectaría el proceso de recuperación que ha iniciado la economía brasileña.

Aunque la legislación brasileña (ley de ficha limpia) es muy clara al señalar que ningún condenado en segunda instancia puede ocupar un cargo público para el que fue elegido, los abogados del expresidente piensan solicitar al Tribunal Superior Electoral (TSE) que se le permita competir mientras se resuelven las apelaciones en la Justicia penal.

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