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Venezuela: Piden determinar carácter terrorista de grupo Voluntad Popular

25 May 2020

El fiscal general de Venezuela pidió el lunes a la máxima corte del país declarar al partido Voluntad Popular, de cuyas filas proviene el líder de la oposición Juan Guaidó, como un grupo "criminal con fines terroristas" y en consecuencia disolverlo.

En ese puesto y "valiéndose del apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, este falso presidente, ha ido apropiándose de bienes que pertenecen a la República para su provecho personal y el de sus cómplices", según el relato de Saab.

"Con ese dinero financiaron una incursión mercenaria (el pasado 3 de mayo) contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil. Los dirigentes de Voluntad Popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano su negocio", manifestó el fiscal, al enumerar los hechos terroristas y criminales que ha promovido VP.

En la presentación, Saab recordó que el partido fue aceptado formalmente por el Consejo Nacional Electoral en 2011.

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"Rechazamos categóricamente la pretensión de la dictadura de Nicolás Maduro expresada por quien hoy usurpa las funciones de Fiscal General de la República, de criminalizar y calificar de organización terrorista al partido político y aliado de lucha en la Unidad Voluntad Popular", posteó PJ en Twitter. "Esta organización había sido creada como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López, un exmiembro de la secta Tradición, Familia y Propiedad", apuntó.

-Establecer el contenido y alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en concordancia con el resto de las normas citadas a los fines de determinar si un partido u organización política, puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de delitos establecidos en dicha Ley, y por tanto susceptible a las sanciones previstas en el art. 32.

Los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, señalados en el recurso de interpretación entregado por Saab a la Sala Constitucional del TSJ, establecen que las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta de ellas, por sus órganos directivos o sus representantes, así como la competencia del juez para imponer una sentencia definitiva que podría incluir la clausura definitiva de la persona jurídica.

A su juicio, después de las elecciones de 2013, Voluntad Popular entró en una "deriva violenta con acciones criminales, hasta convertirse en una organización y destrucción del Estado venezolano".

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