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Más medidas de Sánchez: Prohibido despedir "aprovechando" el coronavirus

29 Marcha 2020

Díaz decía que no se debe aprovechar la pandemia del Covid-19 para extinguir tampoco contratos temporales ya que, a su juicio, sólo deben interrumpirse para "continuar" una vez se supere esta crisis sanitaria y económica. Ello, porque, ha argumentado, el Gobierno ya ha diseñado una alternativa a disposición de las empresas, los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE por causa de fuerza mayor, que se tramitan en un plazo máximo de cinco días.

"En nuestro país nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria" aseveraba Díaz en la sala de prensa de La Moncloa, donde comparecía junto a la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, y junto al responsable de Sanidad, Salvador Illa.

El Gobierno ha decidido prohibir los despidos durante la crisis del coronavirus, según ha expuesto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros.

En realidad, Trabajo ha anulado como causa objetiva de despido todas las mencionadas anteriormente, pero no las ha fijado como nulas ni ha anulado ni modificado los despidos improcedentes, como se desprende de la norma publicada en el BOE, por lo que esta vía sigue abierta, aunque sea más cara para los empleadores. En esta disposición del decreto están incluidos hospitales, ambulatorios, geriátricos, centros de día, cualquiera que sea su titularidad y régimen de gestión. Y si el Estado no ha tramitado para finales de mes el expediente, los empleados no podrán percibir la prestación de abril. Y en caso que un ERTE sea aprobado sin incluir al colectivo de fijos discontinuos, el sindicado presentará "demandas individuales y de conflicto colectivo ante la jurisdicción social".

Si es posible acogerse a un ERTE por la crisis, no será legítimo aplicar despidos. Si el trabajador no tiene noticias del SEPE pasados esos 5 días, el silencio de la Administración es positivo y el empleado quedará automáticamente dado de alta en el ERTE, según explicaban fuentes del Ministerio de Trabajo hace unos días. La fecha de inicio de la prestación de desempleo coincidirá con el momento de suspensión del contrato o con la fecha comunicada por la empresa.

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El USO, por otro lado, explicó que todo dependerá de la diligencia de las empresas para hacer llegar el ERTE, habiendo un gran colapso en algunas comunidades, llegando así el retraso de las prestaciones. En síntesis, que nadie despida a nadie, sino que el ERTE sea la fórmula con la que se atraviese una crisis cuyo fin es incierto. "En caso de que observásemos algún tipo de fraude, las empresas afectadas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluida la prestación del trabajador", ha subrayado Díaz.

El Gobierno también ha simplificado la tramitación de los ERTE, aprobando un formulario "muy sencillo con los datos de los trabajadores, que tendrán que transmitir a los servicios regionales de empleo y con rapidez tramitaremos al Servicio Público de Empeo para que les reconozca las prestaciones por desempleo", ha dicho Díaz.

En lo que respecta al coste para la empresa, la diferencia entre un despido por causas objetivas y uno improcedente es la indemnización que hay que pagar al trabajador.

Cabe recordar que las empresas pagan de cuota a la Seguridad Social el 32% del salario bruto de un trabajador. Si trabajo descubre un ERTE ilegal, tendrán que devolverlo todo y podrán ser sancionados.

Por todo ello, CCOO anuncia que presentará alegaciones en los expedientes que se presenten por fuerza mayor ante la Inspección de Trabajo, organismo que emite el informe para la Autoridad Laboral antes de la aprobación de un ERTE.

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