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No habrá consecuencias penales para lo que hagan las Fuerzas Armadas — Decreto

17 Noviembre 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en la noche del viernes el uso "desproporcionado" y "excesivo" de la fuerza militar y policial contra una marcha de cocaleros en el departamento boliviano de Cochabamba, horas después de que efectivos de seguridad reprimieran una marcha de productores de coca dejando al menos siete productores de coca muertos.

Detalla que este decreto desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y “por su estilo estimula la represión violenta. "Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH", advierte el organismo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Según la CIDH, "el Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FFAA que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno".

Un día después de la vigencia de la norma, acompañada de su gabinete en pleno y de los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía, Ánez advirtió que su Gobierno asumirá medidas constitucionales para neutralizar las acciones desestabilizadoras que buscan tumbar su Gobierno con una operación - dijo- alentada por grupos subversivos "armados y delincuenciales".

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Si entre los al menos ocho asesinados este viernes en la masacre de Cochabamba, la persecución y expulsión de periodistas extranjeros, la proscripción de todo el MAS, el exilio de Evo Morales y la autoproclamación no son suficientes, Jeanine Añez dictó un Decreto Supremo que habilita a las Fuerzas Armadas de Bolivia a actuar sin responsabilidad penal.

"Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado (...) pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos", añade el texto.

Por otro lado, el decreto aclara que "todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las Fuerzas Militares y Policiales".

No habrá consecuencias penales para lo que hagan las Fuerzas Armadas — Decreto