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Assange desconfía de la propuesta hecha por Lenin Moreno

08 Diciembre 2018

"Él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello", agregó el presidente ecuatoriano.

El presidente ecuatoriano explicó que "casualmente" el gobierno británico envió una comunicación oficial indicando que su Constitución impide extraditar a una persona a un país donde corra peligro su vida y que la justicia británica tendrá que decidir sobre la situación legal del australiano.

Aun así, el australiano tendrá que responder por incumplir la libertad condicional.

"Cuando Manafort se reunió con el presidente Moreno de Ecuador para discutir el Fondo de Desarrollo de China, el presidente mencionó a Manafort su intención de retirar a Julian Assange de la embajada de Ecuador", aseguró el portavoz Jason Maloni.

Este año, el ciberactivista estuvo incomunicado por hacer pronunciamientos políticos y luego se le obligó a firmar un protocolo de convivencia, el cual establece que sus visitas deben ser autorizadas previamente. Ecuador ha tratado infructuosamente de hallar una salida al caso.

Según las autoridades ecuatorianas, la estancia de Assange en la legación ecuatoriana le ha costado al país unos seis millones de dólares. El incumplimiento de esas reglas derivará en la "terminación del asilo", según el documento. Sin embargo, su mayor preocupación es que de ser extraditado, Estados Unidos podría condenarlo por "espionaje" y "terrorismo", por revelar en el portal cientos de miles de cables secretos del gobierno estadounidense, que contenían información sobre las guerras de Afganistán e Irak, intentos de infiltración en Cuba, e información sobre el manejo de la cárcel de Guantánamo.

El fundador de WikiLeaks cumplió el pasado mes de agosto seis años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Después de la última reunión entre el mandatario ecuatoriano y Manafort en Quito, Robert Mueller III fue nombrado asesor especial para investigar la interferencia de Rusia en la elección de 2016 y los asuntos relacionados, y rápidamente quedó claro que el ex vocero de Trump era el objetivo principal de la investigación.

La decisión fue vista como un intento de Correa de mostrarse como un defensor de la libertad de expresión -cuando recibía críticas de represión a la prensa en su país- y también como una oportunidad de dar un golpe de oposición a Estados Unidos, de ideología contraria a Correa.

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