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Un Supremo dividido aplaza la decisión sobre el impuesto hipotecario

07 Noviembre 2018

Así, se han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.

Tras dos jornadas de deliberaciones el alto tribunal no ha conseguido superar la fractura existente en la Sala, que conforman un total de 28 magistrados, y el fallo ha salido por 15 votos frente a 13.

En esta reunión plenaria se confirmará o rechazará la jurisprudencia creada después de que el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, pidiese un día después de conocerse la sentencia que se revisase esta decisión "con carácter urgente".

Sin embargo, esa ajustada mayoría también aboga por no establecer carácter retroactivo en la aplicación del cambio del impuesto (Los bancos nos subirán las hipotecas un 5% para compensar el pago del impuesto).

A la intervención de cada uno de ellos le ha seguido la de sus compañeros del pleno, siendo los primeros en exponer su posición los magistrados más modernos de la Sala Tercera, aunque ese orden, de más moderno a más antiguo en ella, no se ha cumplido durante toda la reunión. Los tres que se han ausentado lo han hecho por diferentes motivos: Segundo Menéndez por presidir la Junta Electoral Central, Rafael Fernández Valverde por un viaje autorizado por el Consejo General del Poder Judicial y Octavio Herrero por intereses en el litigio, en concreto porque fue avalista de un hijo que adquirió una vivienda de protección oficial en el municipio madrileño.

Díez-Picazo, colocado con calzador en la Presidencia de la Sala Tercera de lo Contencioso del Supremo por el propio Lesmes, forzando la salida de su titular José Manuel Sieira, ha compaginado su labor como juez con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), dependiente de la Asociación Española de la Banca, la patronal del sector, con lo que se produce la inevitable sospecha de presiones por parte de un sector que ha perdido en Bolsa con la sentencia de Octubre, más de 60.000 millones de euros, a raíz de su, publicación, ante la desidia de Díez-Picazo.

A esta conclusión llegaron tras interpretar el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) y su reglamento.

En su cuenta de Twitter, Iglesias criticó la falta de independencia del Tribunal Supremo y llamó a la movilización de los ciudadanos en la calle. No existen precedentes en el tribunal de una decisión similar en la historia del Supremo.

Las mismas fuentes apuntan que los magistrados que sí han intervenido no han mostrado una postura unitaria respecto a este asunto, y que ha habido opiniones tanto a favor como en contra de confirmar el giro jurisprudencial realizado hace tres semanas por una de las secciones de esta sala, que atribuyó a los bancos el pago del impuesto.

Unidos Podemos ha convocado una manifestación para el próximo sábado a las puertas del Tribunal Supremo (TS) para protestar por la decisión de que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca.

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