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"El monto a pagar será de $100 en promedio" — Javier Iguacel

10 Octubre 2018

La denuncia, que recayó en la jueza María Servini de Cubría, pide también una medida cautelar para suspender el "pago extra" en la que los usuarios deberían cubrir 10.000 millones de pesos en 24 cuotas desde enero de 2019.

"Estamos aplicando lo que dice la ley, y a diferencia de lo que está escrito, en lugar de aplicar el aumento en seis cuotas mensuales lo hemos hecho en 24, para que los usuarios puedan recuperar poder adquisitivo" con el correr de los meses, dijo Iguacel esta tarde en una conferencia de prensa.

Si bien la autorización oficial apunta a que sean las distribuidoras las responsables de realizar el cobro de las 24 cuotas, las beneficiarias finales de ese dinero serán las empresas productoras de gas.

También dijo que la Justicia determinará si la calificación que estipuló en su denuncia es la que corresponde.

El viernes, el Gobierno había anunciado, mediante una resolución, el alza extra al aumento promedio de 34,7% que tuvieron las tarifas de gas a partir del primero de octubre producto de ajuste semestral determinado por ley. "Si no tenemos una respuesta positiva iremos a la Justicia porque nos parece que (la medida) no resiste ningún análisis", manifestó Lorenzino. Este monto compensará a las empresas distribuidoras por la devaluación del peso, ya que el precio está dolarizado y, cuando se acordó el aumento en las tarifas de abril, se previeron contratos a un tipo de cambio de $20,55.

"Todas las ideas que tiendan a lograr que esto impacte lo menos posible en el bolsillo de la gente, se respete el presupuesto y el equilibrio de cuentas publicas y no alteren este camino trabajoso para que la Argentina deje de importar algo que tiene gas y petróleo, bienvenido sea, estamos más que dispuestos a dialogar con la oposición para generar una política que logre cumplir con estos requisitos". "Pero en general, el 70% de los usuarios reciben facturas por un valor de $700, por eso pagarían $90 por mes", explicaron en la Secretaría de Energía.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, resaltó: "No es ilegal ni inconstitucional". Marijuan considera que el funcionario es "prima facie" autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal.