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La Justicia de Estados Unidos falló contra Argentina

12 Julio 2018

La Corte del Distrito Sur de Nueva York falló a favor del fondo Burford Capital en un juicio iniciado contra la Argentina por la estatización de YPF ocurrida en 2012.

En la fase de liquidación de las dos sociedades de Esquenazi, la administración concursal designada por el Juzgado Mercantil número tres de Madrid, el despacho Alas, planteó la posibilidad de que, si Repsol había logrado una indemnización por la expropiación de YPF -la multinacional española consiguió en 2014 un acuerdo con el Gobierno argentino por el cual recibiría 5.000 millones de dólares- también las sociedades del grupo Petersen debían tener derecho a una compensación. La millonaria demanda fue impulsada por el fondo Burford Capital, que se quedó con las acciones que estaban en poder del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

Ahora el juicio seguirá adelante, con oscuras perspectivas para la Argentina, en el tribunal que supo ocupar Thomas Griesa.

Una de las estrategias a seguir es apelar directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos y la otra es pedir una revisión del fallo por parte de un plenario de los jueces de la Cámara de Apelaciones, algo que está permitido en las normas procesales nortamericanas. La sociedad está especializada en la compra de derechos de litigios a empresas que no pueden financiar un proceso legal excesivamente costoso, con las que reparte las ganancias en caso de éxito.

Se trata de un fondo que invierte en asuntos legales y que tiene oficinas en Nueva York, Londres, Singapur y Chicago, con una capitalización que supera los u$s4.000 millones.

"Burford Capital anuncia que ha comprado el 70 por ciento del juicio que Eton Capital tiene contra el Estado e YPF por 21 millones de dólares", informó vía redes sociales el especialista el política internacional Sebastián Maril. Por lo tanto, el porcentaje restante de la demanda es propiedad de un tercero, quien podría recibir alrededor de u$s2.250 millones si gana la demanda por la suma actualmente reclamada.

El Gobierno recibió malas noticias judiciales desde los Estados Unidos.

El Grupo Petersen, que durante el kirchnerismo llegó a manejar el 25% de YPF, siempre enfatizó que no tenía nada que ver con los buitres y alega que el ingreso de Burford lo definió la Justicia española en el proceso de quiebra de sus compañías residuales. Denunciaron que la operación consistió "en un negocio financiero que se aleja de la necesidad de explotación y exploración que debía ser objetivo de una empresa con el objeto social de YPF".

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