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La Nación quiere que quien tenga plan social, deba estudiar

01 Marcha 2018

Les recortarán poder a los jefes de las organizaciones, que dejarán de manejar las planillas de asistencias a cursos, además de una quita de fondos.

El gobierno comunicó este lunes que comenzará a exigirle a los beneficiarios de los planes sociales que terminen sus estudios, al mismo tiempo que aumentará los controles de quienes reciban dicho beneficio. La medida se analiza desde fines de enero y en el Gobierno niegan que esté relacionada con la particiación de movimientos sociales en la movilización de Hugo Moyano.

Una de las ideas es unificar a quienes cobran a través de Argentina Trabaja y Ellas Hacen bajo una nueva consigna: "Hacemos Futuro", que eliminará la figura de los administradores territoriales que controlaban el cobro de los planes mediante planillas y convertir al sistema educativo formal en el nuevo ente ejecutor. "Cambiamos el paradigma: de unidades productivas que hacen sillas y mesas (entre otras cosas), pasamos a uno focalizado en brindar autonomía a la persona", dijeron en el Gobierno.

Los involucrados podrán optar por cursos de formación en institutos primarios, secundarios y terciarios habilitados por el Ministerio de Educación.

Luego, los beneficiarios podrán profundizar su "Formación Integral" y especializarse. El programa contempla cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales.

Por el programa de austeridad que promueve el presidente Mauricio Macri en el Estado, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, impulsa modificaciones en los requisitos de entrega del beneficio y busca reducir 720 millones de pesos que eran destinados a las organizaciones sociales. De esta manera dejarán de recibirlos.

Esta medida, que se anunciará en las próximas horas, también golpeará a municipios: no sólo en lo económico, dado que muchos se constituyeron como entes y perciben mil al año por cada beneficiario, sino porque hay intendentes que utilizan el personal para tareas de mantenimiento, como ocurre en La Matanza, donde Verónica Magario los puso al servicio de la limpieza de la vía pública.

De los 261.805 beneficiarios, un 62,5% (163.842) pertenece a Argentina Trabaja, un 30.5% se encuadra en Ellas Hacen (80.389); y el 7% (17.574) a Desde el Barrio.

Se prevé que los fondos que se ahorren por estos cambios se destinarán a obras de infraestructura para los barrios más necesitados. Ahí sí podrían entrar las organizaciones: a los líderes piqueteros, que pasarán hoy por Desarrollo tras largas semanas de distanciamiento, les ofrecerán ponerse al frente de esas tareas.

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