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Revocan procesamiento de Julio De Vido

09 Febrero 2018

La sala II del tribunal de apelaciones dispuso la falta de mérito para el ex ministro y para varios ex secretarios de transporte y le ordenó al juez federal Claudio Bonadio continuar con la investigación y realizar un nuevo peritaje.

Por tal motivo, el juez Claudio Bonadio procesó por administración fraudulenta con un fraude por más de 609 millones de pesos, al ex ministro de Planificación Federal y los demás implicados.

El juez Bonadio había planteado que "durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían". La decisión fue tomada por mayoría con los votos de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, mientras que el juez Martín Irurzun votó en disidencia, según consta en el fallo al que accedió Télam. Además es una de las dos causas por las que fue desaforado y detenido; la otra causa por la que la Justicia Federal le dictó prisión preventiva es la que lo investiga por irregularidades en las obras de la mina Río Turbio.

En la causa judicial estaban procesados Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte, y los ex titulares de la CNRT Alejandro Ramos, Pedro Ochoa Romero, Antonio Sícaro y Guillermo Lapadula.

"El juez se ha servido de las conclusiones de un estudio comparativo que, como bien lo señalaron algunas de las defensas en sus respectivos recursos, omitió incluir una serie de variables que necesariamente debieron ser consideradas, teniendo en cuenta las características del hecho investigado", sostuvo Ballestero. Bonadio había procesado a De Vido como coautor de "defraudación contra la administración pública" y por "administración fraudulenta". Esos fondos los cobraron las empresas de transporte, que, entre otras maniobras, están acusadas de haber adulterado el kilometraje de sus unidades, algo que pudieron hacer porque los responsables de controlar el sistema pusieron el cálculo en manos de las propias compañías.

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