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Justicia admitió la demanda interpuesta por la PUC — Ley de aborto

10 Febrero 2018

El día de hoy (09 de febrero), la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso presentado por la Pontificia Universidad Católica (PUC), interpuesta el día 08 de febrero.

Asimismo interpusieron una orden de no innovar para que su aplicación sea suspendida hasta que el tribunal de alzada capitalino decida si acoge o no el recurso. Ahí dentro se indican una serie de normas y requisitos relacionados con ese derecho de negarse a realizar la intervención.

Sobre la posibilidad de finalizar el convenio que tienen con el Minsal, el abogado respondió que "se verá en su momento".

Incluso, la institución indica que la ley de aborto no permite ejercer la objeción de conciencia en caso de que la vida de la madre esté en peligro y no haya otro profesional capacitado para realizar esta intervención.

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En las plazas financieras, el ambiente " es más de frustración que de otra cosa ", agregó. Shanghái se derrumbó por su parte 4,1% cayendo a un mínimo en nueve meses.


"El protocolo establece un procedimiento para que las instituciones manifiesten su objeción de conciencia, procedimiento que puede culminar en la concesión o no concesión de este derecho, quedando así esta decisión al arbitrio de una Comisión", subrayan.

En el recurso se consigna que la UC tiene un convenio desde 2003 con el Servicio Metropolitano Sur Oriente. "El objetivo de tal acuerdo era la prestación, por parte de la universidad a través de la red de atención de centros de salud familiar 'Ancora', de una serie de acciones de salud en favor de una población determinada". Agregan, además, que estas eran de medicina preventiva, curativa y de rehabilitación, dentro de las cuales se incluyen prestaciones ginecológicas y obstétricas.

El director jurídico de la Universidad Católica, Juan Esteban Montero, explicó que "la ley establecía un derecho y el reglamento del Minsal está estableciendo ciertas cortapisas, ciertas exigencias para poder ejercer este derecho y nosotros consideramos que no lo pueden limitar".

Se argumenta que el reglamento tiene normas ilegales y arbitrarias que limitan la igualdad ante la ley, la libertad de asociación, a manifestar sus creencias y derecho de propiedad. "Se entiende que el rol del Estado es proteger el acceso y, además que la objeción de conciencia tanto personal como institucional, es excepcional y debe cumplir con algunas condiciones mínimas".

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