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Trato a rohingyas podría tener elementos genocidas — ONU

06 Diciembre 2017

"La legislación propuesta en México, que prevé la participación de las fuerzas armadas en tareas de cumplimiento de la ley, es un proyecto muy preocupante", dijo Hussein en un comunicado emitido desde su sede en Ginebra y difundido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ciudad de México.

" Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados", apuntó.

"Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas".

El dictamen, avalado el pasado 30 de noviembre en la Cámara de Diputados fue remitido a la Cámara Alta para su debate y adopción.

Este pronunciamiento se suma a los ya expresados por los relatores de la ONU y la CIDH, que este lunes concluyeron una visita oficial a México y manifestaron por su preocupación por la aprobación de la citada legislación, sin que previamente se haya realizado una discusión de la misma con organizaciones civiles y de derechos humanos. "El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas".

"La autorización para asignar a las Fuerzas Armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados".

Sin embargo, advirtió, el proyecto de ley de seguridad no menciona en detalle la necesidad de fortalecer a las policías, ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas policiales. La Convención de la ONU exige a todos los países tomar medidas para detener cualquier genocidio que se esté llevando a cabo y castigar a quienes sean responsables.

La postura de Al Hussein ratifica una carta que su oficina en México envió al Senado para advertir que "la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria". "El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley", señaló el Alto Comisionado.

Peña Nieto y el oficialismo esgrimieron que en México "no existen las capacidades policiales" para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país latinoamericano.

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