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Ordenan secuestrar urnas en Cataluña para evitar el referendo secesionista en octubre

17 Setiembre 2017

"Están cometiendo ustedes un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar", agregó. Añadió que "no habrá referéndum, ni diálogo, ni negociación antes del primero de octubre, fecha del plesbicito ilegalizado".

Rajoy insistió en que no puede autorizar ni negociar un sufragio de esas características. La democracia es muy fuerte.

Reiterando que usará todos los medios legales a su alcance para frenar la consulta independentista, Rajoy dijo que no tolerará la "ley de la selva" en la que a su juicio se han convertido las instituciones catalanas en las últimas semanas tras la aprobación de una convocatoria de referéndum gracias a la mayoría independentista de la cámara autonómica.

Aseguró que pueden sentirse completamente seguros y respaldados por el Estado.

El Estado central respondió así al anuncio hecho ayer por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, quien afirmó que el "govern" dejará de enviar su informe semanal de gastos a Madrid por considerarlo un modo de “control político”.

"Quieren acabar con todas las normas de convivencia que nos hemos dado todos desde 1977, Constitución y Estatuto de autonomía, y hacerlo por procedimientos antidemocráticos", proclamó.

También los empresarios catalanes se manifestaron hoy preocupados por la escalada del conflicto y apelaron al respeto al Estado de Derecho y al diálogo entre las distas fuerzas políticas.

En ese contexto enmarcó la operación realizada hoy por la Guardia Civil, la cual, según destacó, confiscó más de 100 mil carteles de la Generalitat (gobierno catalán) con propaganda del 1 de octubre.

Con pancartas que rezaban "votar para decidir", miles de vascos salieron a las calles el sábado para dar su apoyo al referéndum de Cataluña sobre la independencia, algo que los separatistas vascos reclaman desde hace tiempo.

Mariano Rajoy volvió a ratificar que el Estado "va a seguir actuando como es su obligación para impedir que esta consulta secesionista se lleve a cabo".

"Si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, a partir de ahora los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España", lo que provocó que la audiencia se pusiera de pie para aplaudir.

El jefe del gobierno español explicó que el control de pagos también tiene como misión "garantizar que no se invierte ni un solo euro en actividades que hayan sido declaradas ilegales por los tribunales, incluido el referéndum y también para que la gente cobre y que los servicios públicos funcionen".

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